El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentó su informe final ante la Organización de Estados Americanos. Al menos 37 personas murieron en el país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Bolivia presentó este miércoles en la Organización de Estados Americanos (OEA) su informe final sobre los hechos de violencia ocurridos en 2019 en ese país. El documento, de 470 páginas, concluyó que hubo “violaciones atroces a los derechos humanos” entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 en el país hasta el 10 de noviembre de aquel año gobernado por Evo Morales.
“Al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas”, subrayaron los expertos a cargo de la investigación. Y siguieron: “Hubo torturas y secuestros con complicidad de agentes del estado. Otras personas fueron atacadas con armas de fuego. También hubo ataques contra la prensa y numerosos periodistas resultaron heridos”.
Luego indicaron que la explosión de violencia en Bolivia no fue inesperada, sino que fue precedida por discursos de líderes de distintos espacios políticos -sin especificar cuáles de ellos, incluido el gobierno de La Paz- que alimentaron la confrontación.
“La discriminación de género y la violencia sexual también deben ser mencionadas. Hubo abusos sexuales durante el conflicto”, denunciaron; al tiempo que dijeron que “el uso de la prisión preventiva es un factor de seria preocupación”. En esa situación se encuentra la ex mandataria interina del país, Jeanine Áñez, quien está presa desde hace casi un año.
“La sociedad boliviana tiene sed de justicia. Sin embargo, esta misma sociedad teme que la justicia sea selectiva”, acotaron los investigadores. Y posteriormente destacaron que “es indispensable reparar a todas las víctimas”.
Los presentadores del informe recordaron que el GIEI es un mecanismo para investigar hechos graves y así cooperar en el establecimiento de la verdad y ofrecer recomendaciones. Son autónomos del estado en que intervienen y de la CIDH; y se creó apenas después de los hechos de violencia que rodearon el proceso electoral de octubre de 2019.
Cinco expertos participaron de la elaboración del informe final, quienes recordaron que el acuerdo habilitaba al grupo a “investigar actos de violencia, que incluían fallecimientos, detenciones arbitrarias, desaparición forzada, tortura e incendios o destrucción de propiedades en el marco de las protestas de esos meses”.
El grupo estuvo en Bolivia durante ocho meses, período en el que escuchó a las víctimas, familiares de fallecidos o encarcelados y mantuvo reuniones con distintos actores. También hubo entrevistas individuales a testigos, funcionarios y miembros de las fuerzas armadas y policiales, detallaron este miércoles. Los expertos en derechos humanos consultaron además archivos multimedia de libre circulación para identificar incidentes y personas implicadas, y se realizaron más de 400 entrevistas en total.
En el informe se formularon recomendaciones, entre las que se destacan la necesidad de realizar investigaciones serias y efectivas; y reabrir casos cerrados. También se pidió priorizar las investigaciones sobre los casos donde hubo crímenes por razón de género y abusos sexuales.
