Son las dos de la tarde de un lunes soleado. Es feriado de carnaval. Un grupo de 6 varones de menos de 25 años se turnan para violar a una joven de 20 a la que tienen retenida dentro de un auto estacionado en el barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires. Dos hacen campana afuera, en la puerta de una panadería. Fuman porro y tocan la guitarra para disimular.

Los dueños del comercio creen que se trata de una pareja teniendo sexo, pero luego advierten que hay otros tres varones en el auto y que están forzando a la adolescente. Llaman al 911 y salen a socorrerla. Está golpeada, en shock, casi inconsciente. “No tenía fuerzas ni para gritar”, dice la panadera.

Otros vecinos filman con sus celulares. Los violadores se resisten. Insultan, le pegan a un hombre que queda ensangrentado en el piso e intentan llevarse a la víctima arrastrándola de los pelos y los brazos. Llega la Policía de la Ciudad. Los detiene. La joven es trasladada al hospital. Se inicia un proceso penal. Actúan un juez, un fiscal y la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), una joya dentro del espantoso sistema de justicia.

Elisabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, declara que los violadores no son bestias ni animales, sino varones socializados en una matriz cultural que les enseña a disponer de las mujeres. “No son hechos aislados, no son varones con problemas; es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo”, dice.

La violencia de género (de la cual las agresiones sexuales son un tipo) es un fenómeno complejo y multicausal. Sí, se relaciona con la imposición de patrones socioculturales hegemónicos del modelo patriarcal, en el que las mujeres y otras personas somos objeto de dominación y desigualdades estructurales e históricas. Decir que los violadores son monstruos o enfermos parece implicar algún tipo de anomalía esencial, fuera del ámbito de responsabilidad del individuo. ¿Se acuerdan de Josef Fritzl, el austríaco que tuvo encerrada a su hija durante 24 años en los que la violó y obligó a parir 7 hijos? Los peritajes psiquiátricos demostraron que no tenía ningún tipo de enfermedad mental.

Además, la idea del monstruo le da un carácter de excepcionalidad que la violencia sexual no tiene. Que nos cueste pensar en “nuestros” varones como violadores no quiere decir que no sea cierto, como dice la ministra, que la sociedad los educa para disponer de nosotras como si fuésemos cosas. Y esto, como es obvio, no quiere decir que todos los varones criados en esta sociedad sean violadores.

De allí que resulte absurda la interpretación de la ex ministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien acusó al Gobierno de justificar la violación culpando a la sociedad. Un disparate que, en el peor de los casos, monetiza para su precandidatura presidencial un hecho de extrema violencia contra una mujer y, en el mejor, la expone haciendo hermenéutica en pantuflas. Qué problema para ella que la sepamos tenaz e inteligente.

En todo caso, lo que irrita de los dichos de Gómez Alcorta es que describe el caso en términos de hecho sociológico, desde afuera, como quien se sienta en un café a ver la gente pasar. Por supuesto, enmarcar la cuestión en un determinado discurso público es parte de su rol. La performatividad del lenguaje es central para disputar la construcción del modelo hegemónico. Alabada sea Judith Butler.

Pero hay, al menos, tres problemas.

Primero, ¿qué performa Alberto Fernández con sus dos ministras mujeres sobre 20? ¿Y cuando designa a Juan Manzur como Jefe de Gabinete, a quien la propia Gómez Alcorta denunció en 2019 por obstaculizar la interrupción legal de un embarazo cuando era gobernador de Tucumán? ¿Lo eligió el mismo presidente que al promulgar la ley de aborto dijo que estaba feliz de ponerle fin al patriarcado? ¿Qué hacemos con la inexplicable demora en proponer una candidata que reemplace a Elena Highton de Nolasco en la Corte Suprema, que hoy funciona con cuatro miembros varones?

Segundo, ¿no huele a poco, ante la gravedad del hecho, que Gómez Alcorta solo ofrezca un buen encuadre discursivo? Nadie espera que en cuatro años resuelva un problema estructural e histórico. Pero tampoco nos conforma, por ejemplo, que en 2022 el ministerio invierta casi lo mismo en sostener su estructura de conducción administrativa que el área de formulación de políticas de igualdad y diversidad, y más del triple de lo que se destina a las acciones de formación e investigaciones (a cargo, entre otras cosas, de la implementación de la “Ley Micaela”).

O que, como indica el informe “Género y Presupuesto: Un análisis de las partidas etiquetadas para 2022″ de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Presupuesto 2022 tenga una disminución del 15,7% en términos reales respecto del anterior y que el programa que brinda ayuda económica a mujeres y personas LGBTIQ+ que sufren violencia de género tenga un recorte del 20% y una reducción de metas de 92.000 beneficiarias proyectadas (e incumplidas) para 2021 a apenas 36.000 para 2022.

Tercero, la cuestión es más compleja que “a los violadores los socializa el patriarcado”. Menciono solo algunos factores que deberíamos considerar, además de que, como sabemos, no hay acuerdos científicos en salud mental sobre la personalidad de este tipo de agresores.

La educación sexual

La ley de ESI de 2006 no se termina de implementar en todo el país. Un relevamiento que publicó en junio de 2021 la asociación civil FUSA AC, realizado a 397 jóvenes y adolescentes de entre 16 y 24 años en Jujuy, Salta, Córdoba, Buenos Aires y Río Negro indica que más del 21% no recibió ESI y el 54% lo hizo solo en forma parcial. El 60% dijo que si bien tiene conocimientos, no los aprendió en la escuela.

La diferencia entre los contenidos que esperan recibir y los que efectivamente reciben es alarmante: el 87% espera información sobre violencia de género, pero solo la recibe el 39%; el 63% espera que se hable de masculinidades, pero solo ocurre para el 6%. Masculinidades es de lo que menos se habla. ¿De qué sí se habla? De métodos anticonceptivos e infecciones: el 79% recibe educación al respecto. Inés-Perado.

Aunque más de la mitad de los encuestados pudo identificar situaciones de violencia, el 82% dijo no conocer a ningún referente escolar con quien contar en esos casos. La principal barrera identificada para la implementación efectiva fue la falta de formación docente. El 75% de las personas encuestadas sugirió abordar los contenidos de acuerdo a las necesidades e inquietudes de los y las estudiantes.

El factor Azzaro

La sociedad descree de las víctimas. Si la drogaron y no se dio cuenta le creen. Si se drogó sola la miran raro. Si se drogó con uno o más pibes empieza a parecer culpable. Y si le gusta coger pierde toda credibilidad. Pregúntenle al periodista Flavio Azzaro.

La impunidad

El Poder Judicial es machista y autoritario, investiga a la víctima en lugar de al agresor y absuelve a violadores y femicidas como los acusados en el caso de Lucía Pérez con “intolerables prejuicios y suposiciones basadas en estereotipos de género”, como dijo Casación al anular el veredicto.

La Corte Suprema no cumple la “Ley Micaela”. Ojo, tampoco estamos hablando de la gran capacitación. Lo sabe cualquiera que haya contestado las preguntas de examen. ¿Cambió algo gracias a los cursos? ¿Los mecanismos de disciplina y remoción de la Justicia dejaron de morirse de risa ante las violencias internas que viven las trabajadoras o ante la falta de perspectiva de género con que se gestionan muchas causas?

La Justicia es tan confiable que, según la última Encuesta Nacional de Victimización (2017) que hace el INDEC, los delitos contra la integridad sexual tienen una tasa de no-denuncia del 87,4%.

No dejo de pensar que la panadería estaba abierta un lunes porque era feriado. El castigo de los violadores se intuye posible por azar y por esa pareja de panaderos que decidió no mirar para otro lado, ahora que sí nos ven. Los monstruos no existen, pero los violadores sí. Y el Estado debe hacer algo más que relatarnos la violencia desde un despacho oficial o limitarse a disputar espacios discursivos.