La jurista argentina juzgó crímenes de guerra y de lesa humanidad en Ruanda y en la ex Yugoslavia. Consultada por Infobae, explicó cuáles son los límites que tendría ese tribunal para sentar en el banquillo al jefe del Kremlin. Pero admitió que el caso ruso podría abrir un debate sobre las instituciones multilaterales

El anuncio del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, sobre la apertura de una investigación para determinar si se cometieron crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad en Ucrania, sometida a una invasión militar de Rusia ordenada por Vladimir Putin, generó un impacto inmediato alrededor del mundo y abrió interrogantes sobre la posibilidad de que esa instancia global tenga un rol que cumplir ante la guerra ilegal en el este de Europa.

“Estoy convencido de que existe una base razonable para creer que se han cometido supuestos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Ucrania”, afirmó el fiscal jefe de la CPI y si bien se refirió a los hechos ocurridos en Crimea en 2014, advirtió que “debido a la expansión del conflicto en los últimos días (…) la intención es que esta investigación abarque también cualquier nuevo presunto delito que sea competencia de mi oficina”.

Infobae consultó sobre este impactante anuncio a Inés Weinberg de Roca, la jurista argentina que participó de dos procesos penales internacionales que terminaron con condenas a los responsables de crímenes contra la humanidad en Ruanda y en la ex Yugoslavia. La actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires fue integrante de la Sala Penal que juzgó los crímenes de lesa humanidad en los Balcanes y formó parte del Tribunal Penal Internacional que condenó el genocidio ocurrido en el pequeño y convulsionado país africano.

Es que las declaraciones de Karim Khan ocurrieron mientras los medios de comunicación internacionales muestran escenas dramáticas de destrucción y muerte al paso de las tropas rusas sobre territorio ucraniano, con víctimas civiles -no pocos niños- y pocas horas antes de una denuncia del presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, por un ataque en Járkov con obuses de artillería rusos que eliminaron de manera brutal a un número indeterminado de personas.

”Testigos oculares confirman que no se trató de disparos errantes, sino que es una destrucción deliberada de personas: los rusos sabían donde estaban disparando. Habrá una corte internacional para este crimen, una violación de todas las convenciones. Nadie en el mundo los perdonará por haber asesinado a pacíficos ciudadanos ucranianos”, afirmó el mandatario, según informaron agencias de noticias internacionales.

Para Weinberg de Roca, la posibilidad de que Putin tenga que dar explicaciones ante la Corte Penal Internacional por delitos de guerra cometidos en Ucrania es baja, pero no descartó que un tercer país pueda declararse competente para juzgar delitos de lesa humanidad o eventuales crímenes de guerra cometidos durante la invasión al territorio ucraniano. El principal obstáculo que señaló la jurista es que Rusia no firmó el Tratado de Roma que le da existencia a la CPI y, su presencia en el Consejo de Seguridad de la ONU le da un poder de veto omnímodo para bloquear cualquier iniciativa que lesione los intereses de Moscú o busque aplicarle el derecho penal internacional.

¿Cree usted que los últimos acontecimientos referidos a la invasión de Rusia a Ucrania pueden ser investigados por la Corte Penal Internacional?

No, porque Rusia no es parte. Los Estados parte son los que firmaron el Estatuto de Roma. Pero no lo firmó Rusia, ni EEUU ni China, entre otros. Para poder investigar a un país tiene que ser un Estado miembro. Hay una segunda opción y es que lo derive el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero uno de los miembros permanentes con derecho a veto es Rusia, de modo que puede vetarlo, así que no podría ser derivado por él a la Corte Penal Internacional. Siempre existe la posibilidad de que un país se declare competente para juzgar crímenes de lesa humanidad. El primer caso es el de Bélgica, que se declaró competente para juzgar a un acusado de crímenes de lesa humanidad en el Congo. Pero, entre tanto, muchos países occidentales en su legislación han acogido esta posibilidad de juzgar por crímenes de lesa humanidad cometidos fuera de su territorio.

Sin embargo, el actual fiscal Karim Kahn manifestó hoy públicamente su voluntad de abrir una investigación por crímenes de guerra o de lesa humanidad. ¿se podría generar para usted una nueva jurisprudencia o un cambio en la estructura jurídica internacional?

Cada guerra nos hace repensar cómo se pueden mejorar los instrumentos e instituciones internacionales, para que los individuos deban responder por los crímenes de guerra y de lesa humanidad, no solo a través de sanciones económicas, sino con la aplicación del derecho penal internacional.

¿Cree usted que Vladimir Putin puede ser considerado responsable de las acciones cometidas por los militares y por las bajas sufridas por civiles en territorio ucraniano?

Sí, pero cuando se juzga a alguien hay que reunir pruebas, llamar a testigos. No alcanza solo con las coberturas de los medios internacionales.

Presidentes y estados autocráticos que deciden abstraerse de instituciones como la Corte Penal Internacional terminan beneficiados y eximidos de responsabilidad por sus actos. ¿Hay forma de cambiar eso?

Es así. No existe una justicia ideal ni supranacional en la medida en que los Estados no se comprometan a su implementación.

Weinberg de Roca niega que la actuación de Putin en Europa del Este desnuden la debilidad de estructuras multilaterales como Naciones Unidas o la Corte Penal Internacional para frenar avances autoritarios de países poderosos sobre otros más débiles, pero reconoce los límites de la arquitectura institucional global para contener y resolver conflictos de orden geopolítico.

“Las Naciones Unidas ofrecen un foro donde los países en conflicto pueden alcanzar acuerdos o no. Acá el tema es otro. Si son los países de Naciones Unidas los que tienen que debatir sus zonas de influencia o si son los ciudadanos, a través de sus representantes elegidos democráticamente, quienes deciden si quieren o no pertenecer a una determinada zona de influencia”, explica la presidente del máximo tribunal de Justicia porteño.

Y concluye: “Esta no es la época de los Acuerdos de Yalta o de Viena donde los países se reunían y decidían sus zonas de influencia, dejando de lado a las ciudadanías. Habría que ver si estamos asistiendo a un cambio de paradigma, donde hoy un país es totalmente soberano para decidir si quiere pertenecer a alguna órbita o ser neutral. Este es el cambio básico. La pregunta central es si las grandes potencias tienen derecho a seguir definiendo zonas de influencia”.