Crece la tensión entre el campo y el Gobierno ante el inminente aumento de retenciones a las exportaciones de aceite y harina de soja

Plantas de soja se ven en un campo en Chivilcoy, en las afueras de Buenos Aires. Argentina. Foto de archico Foto: REUTERS/Agustin Marcarian

“Es para pagar la factura del gas”, le explicaron altos funcionarios del Ministerio de Economía a las agroexportadoras cuando éstas le preguntaron por qué razón cerraron este domingo el registro de exportaciones para la harina y el aceite de soja, dando cuenta de que este nuevo manotazo estaba forzado por el aumento del costo de la energía importada a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Más allá de las razones, la expectativa ante la decisión de Economía que se estima consistirá en eliminar los dos puntos diferenciales de retenciones para los principales subproductos industriales de la soja, promete abrir un nuevo frente de conflicto entre el gobierno y el sector agropecuario. Esos dos cultivos, hasta ahora, tributan 31%. El cierre al registro de exportadores, que impide a los exportadores apurar los trámites de ventas al exterior para extender esa alícuota operaciones futuras hace prever que se llevará al 33% el tributo. El costo por ahora no se puede dimensionar, pero parece demasiado alto por la recaudación adicional que podría suponer esta medida para el gobierno: unos 400 millones de dólares según los especialistas.

“No hay ningún margen para que sigan expoliando a los productores” (Mesa de Enlace)

La decisión de Martín Guzmán, que no solo fue tomada con la Guerra como telón de fondo sino después de un acuerdo con el FMI que supondrá un esfuerzo adicional muy grande para achicar el déficit fiscal.

Esos dos puntos de diferencia que parecen montos pequeños las cuentas públicas (el agro aportó 10.000 millones de dólares en retenciones y ahora estamos hablando de otros 400 millones) pero para el sector agroindustrial representan demasiado. Por un lado, porque la Mesa de Enlace estaba en pie de guerra desde que comenzaron a escucharse los rumores de una suba de retenciones al trigo y al maíz, del 12 al 24%. El viernes, las cuatro entidades rurales emitieron un duro documento al respecto. “No hay ningún margen para que sigan expoliando a los productores”, advirtieron.

Los integrantes de la Mesa de Enlace

Consciente de eso, el propio ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se esforzó en los últimos días en desmentir a viva voz cualquier aumento potencial de las retenciones, por pequeño que fuera. Por eso la medida tomada por Economía -de la que el titular de Agricultura se enteró recién el viernes, con la decisión ya tomada-, lesiona también la unidad del frente oficialista y en especial atenta contra los gestos de reconciliación con el agro que intentaba ese funcionario.

La tercera víctima de la decisión de Guzmán será la agroindustria nucleada en Ciara-CEC, que ya daba por descontado que se iba a eliminar el diferencial de retenciones entre la soja y sus subproductos, una medida que es muy cara a sus intereses. De hecho, el complejo aceitero luchó con uñas y dientes cuando fue Mauricio Macri, por sugerencia de Luis Miguel Etchevehere y de Nicolás Dujovne, el que en 2018 eliminó este diferencial de retenciones histórico, que se supone premia el agregado de valor de parte del sector.

La credibilidad del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner también queda lesionada, porque fue esta dupla y el propio Guzmán los que restablecieron esos dos puntos de diferencia en los derechos de exportación a poco de iniciado su mandato, en octubre de 2020. Es decir, la mismo a gestión que hace menos de dos años consideraba que era justo que el aceite y el harina de soja tributaran menos que el poroto sin procesar, ahora desanda el camino y penaliza las exportaciones de todos el complejo sojero por igual, sin establecer diferencias y con una tasa máxima de 33%.

Para ese sector nucleado en Ciara-CE, que inyectó en 2021 más del 40% de las divisas que entraron en el país y que en la mayoría de los casos adelantó el pago de retenciones mucho tiempo antes de la exportación, la decisión de Guzmán “es totalmente contraria al interés exportador de la Argentina. Además de ser ilegal, va a afectar el ingreso de divisas y el empleo en el cordón agroindustrial”.

Como primera reacción, las grandes aceiteras avisaron que ya no colaborarán con los programas de Roberto Feletti para aquietar los precios internos de algunos alimentos, ya que la condición para eso era no elevar el nivel de retenciones sobre el complejo agrícola. Por eso avisaron que la medida “pone fin a los fideicomisos de maíz, trigo y aceite, puesto que cambia las condiciones de comercio exterior”