En México, 13 personas tienen una fortuna de más de mil millones de dólares; acumulan, asimismo, más poder político que todos los demás, no han padecido la crisis económica y social de covid-19, sino que, al contrario, han salido de ella fortalecidos.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en su Panorama Social 2021, los milmillonarios mexicanos incrementaron su patrimonio 11 por ciento entre 2019 y 2021, mientras la pobreza y la pobreza extrema tampoco dejaron de crecer.

Esto se corresponde con notas periodísticas que han registrado los incrementos de riqueza en estos años de crisis para personas como Carlos Slim (Carso duplicó sus ganancias en 2021), Germán Larrea (Grupo México ganó 70 por ciento más que en 2020), Ricardo Salinas Pliego (que incrementó sus ganancias entre 2020 y 2021), Alberto Baillères (d.e.p. cuya fortuna habría incrementado más de 50 por ciento los últimos años), y un muy corto etcétera. El núcleo de lo que por años llamamos la mafia del poder no solo no ha sido afectado, sino que se encuentra boyante, incluso pese a los muy publicitados cobros de impuestos atrasados.

Slim, Larrea, Salinas, Baillères son apellidos que tienen en común la minería. Las mineras, pese a haber incrementado su producción en 17 por ciento a partir de 2018, redujeron en 42 por ciento su pago de impuestos, según datos de la Cámara de la Industria Minera (La Jornada, 30/01/22). Además de esa y otras ventajas, como tener durante dos años un subsecretario de minería cercano a sus intereses, los grandes mineros se han beneficiado de la timidez del gobierno, de que no quiera tocarse la ley del sector, llegándose al extremo de tratar un asunto de esa naturaleza (la propiedad del litio) en la reforma eléctrica, solo para no inquietar al poder.

El gobierno de la República realizó, es cierto, intervenciones puntuales en el campo del poder de los más ricos: cobró algunos adeudos en impuestos, prohibió su condonación, cambió el modelo de la compra de medicamentos para el sector público y se renegociaron contratos de gasoductos y otros en el sistema penitenciario.

Ello no parece haber hecho daños o generado malestares en la cúpula, que ha sido tratada con cautela, quizá por la evidencia de que es capaz de destruir reputaciones irremediablemente.

A Luis Echeverría, por ejemplo, no fue su carácter represivo ni sus defectos personales los que le acarrearon deshonores, sino su intento de reforma fiscal.

Ante las intervenciones mencionadas, que no llegan a eso, la cúpula empresarial ha preferido torear al gobierno mediante cuatro supuestos paquetes de inversión en infraestructura anunciados con bombo y platillo desde 2018 hasta hoy.

Cada uno ha sido por cientos de miles de millones de pesos —hasta por 500 mil—, cada uno “histórico”, sin que haya resultados a la vista —después de prometer cielo, luna y estrellas, siempre diciendo que sí, nunca diciendo cuándo. La naturaleza de la disputa actual parece ser de orden más bien partidista y mediático.

En lo más superficial, el cambio es patente en el sistema de partidos; en un sentido más profundo, han cambiado las principales identidades políticas que estructuran al país; en el orden habitual del Poder —o de la mafia del poder—, donde no parece haber disputa alguna, las tendencias principales siguen su curso, se profundizan.