Un juez federal liberó a 12 de 30 marinos que permanecían en la Prisión Militar Número Uno, en la Ciudad de México.
Un juez federal liberó a 12 de 30 marinos que permanecían en la Prisión Militar Número Uno, en la Ciudad de México, al considerar que no hay pruebas de su participación en el delito de desaparición forzada de personas en agravio de Noé Ignacio Alférez Hernández y de Jonathan Ballesteros Loza, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, tal y como fue denunciado en la Fiscalía General de la República (FGR).
Te recomendamos: Piden negar apoyo a marinos sentenciados por desaparición forzada en Nuevo León La Fiscalía imputó a los marinos porque uno de los denunciantes aseguró que entre el 17 y 18 de febrero de 2018, “desaparecieron a las víctimas”, a la una de la mañana. El juez de amparo mencionó que todo lo dicho “fue por referencia de terceros”, que “no presenciaron ni les consta que elementos de las Fuerzas Armadas, como lo es la Marina, hayan sido quienes privaron la de libertad a las víctimas para desaparecerlas”.
Además consideró que el Ministerio Público debió aclarar ese dato al tener los medios legales a su alcance, “y no basarse en conjeturas ante el padrón vehícular existente en la Secretaría de Marina en Nuevo Laredo”.
MILENIO tuvo acceso a la sentencia que ordenó la libertad de 12 de 30 marinos que fueron amparados por Faustino Gutiérrez Pérez, juez Octavo de Distrito en Tamaulipas porque “no se probó la existencia de dos testigos presenciales” que señalaron al personal naval como las personas que revisaron el vehículo de las víctimas tras un choque el 18 de febrero de 2018.
Tampoco “está precisado el tiempo” en que se dijo cometieron el presunto delito. “…se considera que de los datos de pruebas consistentes en la denuncia, así como las diversas entrevistas relatadas en la audiencia de control, contrario a lo estimado por el juez responsable, son ineficaces para tener demostrado el hecho que la ley califica como delito de desaparición forzada de personas, pues bajo el test de racionalidad resultan inverosímiles, en virtud de que en los datos referenciados no se desprende indicio contundente que evidencie que efectivamente las víctimas hayan sido privadas de la libertad por elementos de la Secretaría de Marina…” detalla la sentencia.
Noé Ignacio conducía un vehículo Chevrolet Malibú Max negro, e iba acompañado de Jonathan Ballesteros; tuvieron un accidente en calle de la República número 92, esquina con Transformación de la colonia Infonavit en Nuevo Laredo, donde se impactaron contra un coche estacionado.
El juez de control que vinculó a proceso a los marinos, consideró que tanto el chofer y su acompañante fueron “extraídos” del vehículo y subidos a una camioneta Ram negra, tomando como base una denuncia de una persona, quien aseguró que “al escuchar detonaciones y un impacto”, salió de su domicilio y vio el vehículo Malibú en el cual se encontraban dos personas, “así como otras personas vestidas de marinos y militares, dos vehículos grises, dos verdes y una camioneta RAM negra, quienes le dijeron se metiera a su domicilio por estaban trabajando”.
Después de unos minutos, el denunciante aseguró que todos se habían retirado del lugar, pero no estaban los tripulantes del Malibú. La madre de uno de los desaparecidos dijo a la FGR que publicó el hecho en la red social de Facebook, donde una mujer comentó que ella vio cuando “elementos de la Marina habían subido a su hijo y a otra persona en una camioneta particular negra junto a los vehículos oficiales de la Marina”.
La madre fue a buscar a su hijo en los cuarteles de la Marina, percatándose que en el localizado en la colonia Viveros cerca de la Cruz Roja Mexicana, había una camioneta negra con dos puertas, con vidrios polarizados y tumbaburros. Mientras que la esposa de una de las víctimas, también manifestó que recibió una llamada telefónica donde le informaron que los marinos se habían llevado a su esposo.
El juez de amparo mencionó que todo lo dicho “fue por referencia de terceros”, mismos que “no presenciaron ni les consta que elementos de las Fuerzas Armadas del Estado Mexicano como lo es la Marina, hayan sido quienes privaron la de libertad a las víctimas para desaparecerlas”.
Gutiérrez Pérez dejó claro que la Semar no utiliza vehículos civiles para operaciones, y aunque hay la existencia de un vehículo civil tipo Ford 150 sin matrícula, el Ministerio Público debió aclarar ese dato al tener los medios legales a su alcance, “y no basarse en conjeturas ante el padrón vehicular existente en la Secretaría de Marina en Nuevo Laredo”. En abril de 2021, un juez de control vinculó a proceso a 30 marinos.
La FGR calificó como un acto ejemplar que el secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, haya colaborado para poder cumplimentar las órdenes de aprehensión.
