La ex presidenta interina de Bolivia accedió a colocarse una solución por vía venosa con el fin de rehidratarse; en días pasados se había desmayado durante su audiencia.
La ex presidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez denunció este domingo que sufre “tortura psicológica” por parte de los funcionarios del penal en el que está recluida a raíz de la huelga de hambre que sostiene por su libertad hace 12 días. Áñez tomó la palabra durante una audiencia virtual por la acción de libertad que presentó su hija Carolina Ribera contra los funcionarios del Centro Penitenciario Femenino de Miraflores y que finalmente fue denegada. “Sufro tortura psicológica, porque yo estoy en huelga de hambre”, manifestó.
La ex mandataria relató al juez que tras una anterior audiencia el viernes pasado, que autorizaba su traslado a un centro médico y después fue revocada, sufrió varias crisis nerviosas a causa de funcionarios penitenciarios y médicos que intentaron hacerle una valoración a la que se resistió.
En aquella revocatoria, el juez dispuso “efectivizar (…) aún en contra de la voluntad de la accionante” el inicio inmediato de un “tratamiento de rehidratación u otros” a fin de que sea atendida dentro del penal. Esto provocó el reclamo de la Defensoría del Pueblo que aseveró que el derecho de Áñez a la protesta mediante la huelga “debe ser respetado” y que aquella determinación lo contradecía. En la audiencia de este domingo, Áñez aclaró que finalmente los médicos no cometieron ninguna “impostura” a pesar de advertirle que esa valoración “no era opcional” y que se fueron “cuando vieron la crisis” que le habían provocado.
En un comunicado, la Dirección de Régimen penitenciario aseveró que “a pesar de que inicialmente se negó”, Áñez “accedió” a colocarse una “solución por vía venosa de rehidratación”, algo que ella no ratificó en la audiencia. Inclusive la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en un pronunciamiento en Twitter sobre la situación de Áñez advirtió que “todo tratamiento médico o alimentación forzados podrían equivaler a tortura o malos tratos”.
Además de que en caso de un traslado urgente “el Estado es responsable de preservar el orden público para garantizar la seguridad de esa persona y hacer cumplir la disposición judicial”.
Justamente el viernes, tras la resolución de autorización para que Áñez reciba atención fuera del penal, un grupo de manifestantes afines al Gobierno se apostó en las entradas del recinto para evitar que la exjefa de Estado salga y se cumpla la orden judicial.
En la audiencia de este domingo, Áñez también denunció que en el penal hay una instrucción para que la puerta de la celda que ella ocupa esté abierta deliberadamente para “oler” los alimentos que se preparan en la cocina.
La ex mandataria está recluida preventivamente desde marzo del año pasado y sobre ella pesan dos procesos penales, los casos “golpe de Estado I y II” en los que se afirma, según el oficialismo, que ella se colocó ilegalmente en línea de sucesión constitucional para luego asumir la Presidencia del país. Áñez era segunda vicepresidenta del Senado cuando el entonces presidente Evo Morales renunció a su cargo seguido por el vicepresidente y los presidentes de la Cámara Alta y la Cámara de Diputados.
