El Presidente ofreció un incremento del 20 por ciento y la segmentación de los usuarios con mayores ingresos, pero el Fondo consideró que esa propuesta no garantiza la sustentabilidad del sendero fiscal
El staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) exige al Gobierno un ajuste de las tarifas eléctricas del 60 por ciento para este año. Alberto Fernández rechazó esta exigencia y reiteró que sólo autorizará un aumento promedio del 20 por ciento y la segmentación entre los usuarios de mayor capacidad económica. La profunda discrepancia entre el staff del FMI y el Presidente empantanó el acuerdo que permitiría evitar un posible default hacia fines de marzo.
La propuesta presentada por Martín Guzmán establece que el déficit fiscal en 2022 será de 2.5 del Producto Bruto Interno (PIB). El staff del FMI convalidó ese porcentaje de déficit, pero no cree en la forma de reducción del gasto que articulará el ministro de Economía para cumplir con el primer tramo del sendero fiscal.
En este contexto, Julie Kozack y Luis Cubeddu -los negociadores del Fondo- solicitaron que las tarifas eléctricas de 2022 aumenten en un 60 por ciento. De esta manera, los subsidios bajarían un número similar -60 por ciento- y el déficit de 2022 quedaría en 2.5 del PBI.
La pretensión del FMI no incluye a las tarifas sociales.
Alberto Fernández no esta de acuerdo con ese fuerte ajuste de la economía y tampoco tiene margen político para satisfacer esas exigencias del Fondo Monetario Internacional.
Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner no comparten la negociación que emprende Guzmán por orden directa del Presidente, y aguardan un traspié del ministro para forzar su caída y ocupar su lugar con un cuadro propio.
A su vez, el jefe de Estado necesita el acuerdo para evitar el default en marzo y esquivar un probable cambio de gabinete si fracasa la negociación con el FMI. Alberto Fernández respalda y protege a Guzmán, pero también le exige que cierre cuanto antes una negociación que lleva más de dos años.
Frente al reclamo presidencial, el ministro está en serias dificultades: si Alberto Fernández insiste en su posición de rechazar el aumento de tarifas, Guzmán no podrá cerrar el Staff Agreement con el FMI. Se trata de un asunto clave del programa económico, y el Fondo no bajará la guardia.
En Washington recuerdan qué sucedió con los negociadores del FMI que cerraron el crédito Stand By con Mauricio Macri, y ningún técnico del Fondo quiere ser expulsado del paraíso de la burocracia global por cuenta y orden de la Argentina.
El tiempo corre en contra de los deseos presidenciales. El Staff Agreement debería llegar a Diputados -como proyecto de ley-, hacia fines de febrero. Y a partir de ese momento, la bancada oficialista tiene que lograr su sanción a mediados de marzo.
Ni un día más.
Cuando la Ley FMI salga de la Cámara Baja, toda la atención política estará centrada en CFK. La vicepresidente tiene cuasi control del Senado, y ella marcará los tiempos al margen de las necesidades de Alberto Fernández y Guzmán.
El 22 de marzo, Argentina debe pagar 2.800 millones de dólares al FMI. Y para que eso suceda necesita que el board del Fondo apruebe el acuerdo con Argentina. El directorio aprobará la refinanciación de los 44.000 millones de dólares contraídos por Mauricio Macri, si el Congreso ya sancionó la ley FMI.
Es decir: Cristina puede facilitar que haya acuerdo o transformar al gobierno en un acontecimiento político distópico. En el mejor de los casos, sólo habrá diez días entre la discusión de la Ley FMI en la Cámara Alta y la aprobación formal del board.
Una pequeña trampa parlamentaria, o un abrupto discurso en el recinto de sesiones -como ocurrió con Máximo Kirchner-, puede colocar a la Argentina al borde del default.
Alberto Fernández y CFK manejan esta posibilidad política. Y hasta ahora no han conversado al respecto. El Presidente y la Vicepresidente habitan mundos paralelos, mientras la negociación con el Fondo se encuentra casi en un punto muerto.
Pasada la medianoche, Guzmán continuaba en su despacho del Palacio de Hacienda. Aún no tiene solución a la exigencia del FMI y sabe que vienen por él si no cierra el Staff Agreement.
Desde esta perspectiva, todo depende de Alberto Fernández: poda el gasto público vía reducción de subsidios a las tarifas eléctricas, o transforma el acuerdo con el Fondo en su propio Moby Dick.
